La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en colaboración con los sindicatos CCOO y UGT, acordó el pasado mes de diciembre reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin disminución salarial. Esta medida, que según la ministra beneficiará a aproximadamente 12 millones de trabajadores, busca mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal, así como fomentar el bienestar de la fuerza laboral española.

El anteproyecto de ley será aprobado en el Consejo de Ministros el próximo 4 de febrero y se tramitará por vía de urgencia. Tras su paso por el Parlamento, se espera que la nueva normativa entre en vigor entre abril y mayo de 2025. Las empresas dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptar sus convenios colectivos a la nueva jornada máxima ordinaria.

Además de la reducción de horas, la ley introduce la obligatoriedad de implementar un registro diario de jornada digital, accesible de forma remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como para los representantes de los trabajadores. El incumplimiento de esta normativa conllevará sanciones que pueden alcanzar hasta 10.000 euros por trabajador afectado.

Aunque la CEOE no ha respaldado el acuerdo, argumentando que no existen evidencias de que una reducción de la jornada laboral incremente la productividad, el Gobierno y los sindicatos consideran que esta reforma es un paso necesario para adaptar el mercado laboral español a las demandas actuales y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Hablamos de este tema con con Teresa Velasco, Profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Loyola.

Edita y presenta, Rafael González.

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