En tiempos recientes la democracia, históricamente considerada el sistema de gobierno ideal, ha enfrentado desafíos crecientes a nivel global. Desde el debilitamiento de las instituciones hasta el ascenso de liderazgos autoritarios, el sistema democrático está siendo cada vez más cuestionado en su capacidad para garantizar derechos, representar a sus ciudadanos y adaptarse a los retos contemporáneos. En tal sentido, es crucial distinguir entre crisis políticas y crisis de credibilidad en los políticos, ya que ambas afectan de manera diferente a los países. Una crisis política generalmente implica conflictos entre diferentes ramas del gobierno, partidos políticos o grupos de interés, y puede llevar a la parálisis legislativa, inestabilidad gubernamental o incluso cambios de régimen. Por otro lado, una crisis de credibilidad en los políticos se refiere a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus líderes, lo que puede resultar en una disminución de la participación electoral, protestas masivas y un aumento del escepticismo hacia las instituciones democráticas. Lo anterior afecta tanto a democracias jóvenes como a aquellas con raíces firmemente establecidas, planteando serias interrogantes sobre el futuro de la gobernabilidad mundial. América Latina y Europa del Este son ejemplos claros de esta crisis. En Europa del Este, países como Hungría, Polonia han adoptado medidas que socavan la independencia judicial y la libertad de prensa. En América Latina, donde el autoritarismo ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, muchos países experimentaron un largo período de democratización y estabilidad política. Sin embargo, en las últimas décadas, ese espacio democrático se ha fracturado por líderes autoritarios como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y la familia Castro en Cuba. Estos regímenes han consolidado su poder de manera desmesurada, eliminando la división de poderes y debilitando las instituciones democráticas. En el caso específico de Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, las protestas ciudadanas han sido reprimidas y se han llevado a cabo elecciones consideradas fraudulentas, no sólo por el 80% de la población venezolana, sino también por la comunidad internacional. En Nicaragua, Ortega ha implementado una represión sistemática de la oposición y la disidencia, además de promover una reforma constitucional que asegura a la pareja presidencial y a su familia la permanencia en el poder durante muchos años. Cuba, gobernada por un sistema de partido único bajo los Castro desde 1960, ha sido un ejemplo de autoritarismo durante décadas. Estos regímenes han socavado el estado de derecho y la separación de poderes, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz social en la región. En Asia, hace poco menos de una semana, en una decisión sin precedentes en la historia reciente de Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial, argumentando una supuesta amenaza “antiestatal” vinculada a fuerzas opositoras y presuntas conexiones con Corea del Norte. Durante las seis horas en que la medida estuvo en vigor, cerca de 300 militares rodearon e ingresaron al edificio del Parlamento, mientras helicópteros y vehículos blindados ocupaban las calles de Seúl. Según el secretario general del Parlamento, Kim Min-ki, las tropas ingresaron al recinto utilizando helicópteros y escalando las vallas, rompiendo ventanas para acceder al interior. Yoon justificó la ley marcial como una medida para “proteger el orden constitucional”, sin presentar pruebas sólidas sobre las amenazas que mencionó. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción, tensiones con la oposición y una disminución en su popularidad. Entre las acusaciones más recientes destacan señalamientos de tráfico de influencias que involucran a su esposa y la supuesta manipulación en la selección de candidatos para las elecciones parciales de 2022. A esto se suma su incapacidad para mantener un diálogo constructivo con un Parlamento dominado por el opositor Partido Democrático, lo que ha intensificado las críticas hacia su gestión. Estos factores, han sido determinantes en el estallido de esta crisis. Tras la declaración de la ley marcial, el jefe del ejército, el general Park An-su, emitió un decreto prohibiendo la actividad política y las fiestas, la propaganda falsa, las huelgas y las “congregaciones que inciten a la agitación social”. Los medios de comunicación también quedaron bajo la autoridad de la ley marcial. La primera víctima de esta medida fue el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien presentó su renuncia poco después de que el Partido Democrático registrara ante el Parlamento una moción para destituirlo. Su ministerio confirmó que fue Kim quien aconsejó a Yoon imponer la ley marcial. El Parlamento surcoreano inició ...
