Para Latinoamérica por Luis Velásquez

By: La Visión Podcast
Listen for free

  • Summary

  • En este podcast, Luis Velásquez da su opinión y análisis de los temas más actuales de la política latinoamericana y Estados Unidos.
    © 2025 La Visión Podcast
    Show more Show less
Political Science
Show more Show less
Episodes
  • Déficit democrático: la amenaza silenciosa que enfrenta el mundo de hoy

    Déficit democrático: la amenaza silenciosa que enfrenta el mundo de hoy
    Dec 10 2024
    En tiempos recientes la democracia, históricamente considerada el sistema de gobierno ideal, ha enfrentado desafíos crecientes a nivel global. Desde el debilitamiento de las instituciones hasta el ascenso de liderazgos autoritarios, el sistema democrático está siendo cada vez más cuestionado en su capacidad para garantizar derechos, representar a sus ciudadanos y adaptarse a los retos contemporáneos. En tal sentido, es crucial distinguir entre crisis políticas y crisis de credibilidad en los políticos, ya que ambas afectan de manera diferente a los países. Una crisis política generalmente implica conflictos entre diferentes ramas del gobierno, partidos políticos o grupos de interés, y puede llevar a la parálisis legislativa, inestabilidad gubernamental o incluso cambios de régimen. Por otro lado, una crisis de credibilidad en los políticos se refiere a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus líderes, lo que puede resultar en una disminución de la participación electoral, protestas masivas y un aumento del escepticismo hacia las instituciones democráticas. Lo anterior afecta tanto a democracias jóvenes como a aquellas con raíces firmemente establecidas, planteando serias interrogantes sobre el futuro de la gobernabilidad mundial. América Latina y Europa del Este son ejemplos claros de esta crisis. En Europa del Este, países como Hungría, Polonia han adoptado medidas que socavan la independencia judicial y la libertad de prensa. En América Latina, donde el autoritarismo ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, muchos países experimentaron un largo período de democratización y estabilidad política. Sin embargo, en las últimas décadas, ese espacio democrático se ha fracturado por líderes autoritarios como Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y la familia Castro en Cuba. Estos regímenes han consolidado su poder de manera desmesurada, eliminando la división de poderes y debilitando las instituciones democráticas. En el caso específico de Venezuela, bajo el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, las protestas ciudadanas han sido reprimidas y se han llevado a cabo elecciones consideradas fraudulentas, no sólo por el 80% de la población venezolana, sino también por la comunidad internacional. En Nicaragua, Ortega ha implementado una represión sistemática de la oposición y la disidencia, además de promover una reforma constitucional que asegura a la pareja presidencial y a su familia la permanencia en el poder durante muchos años. Cuba, gobernada por un sistema de partido único bajo los Castro desde 1960, ha sido un ejemplo de autoritarismo durante décadas. Estos regímenes han socavado el estado de derecho y la separación de poderes, poniendo en riesgo la estabilidad y la paz social en la región. En Asia, hace poco menos de una semana, en una decisión sin precedentes en la historia reciente de Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial, argumentando una supuesta amenaza “antiestatal” vinculada a fuerzas opositoras y presuntas conexiones con Corea del Norte. Durante las seis horas en que la medida estuvo en vigor, cerca de 300 militares rodearon e ingresaron al edificio del Parlamento, mientras helicópteros y vehículos blindados ocupaban las calles de Seúl. Según el secretario general del Parlamento, Kim Min-ki, las tropas ingresaron al recinto utilizando helicópteros y escalando las vallas, rompiendo ventanas para acceder al interior. Yoon justificó la ley marcial como una medida para “proteger el orden constitucional”, sin presentar pruebas sólidas sobre las amenazas que mencionó. Desde su llegada al poder en 2022, el presidente ha enfrentado múltiples escándalos de corrupción, tensiones con la oposición y una disminución en su popularidad. Entre las acusaciones más recientes destacan señalamientos de tráfico de influencias que involucran a su esposa y la supuesta manipulación en la selección de candidatos para las elecciones parciales de 2022. A esto se suma su incapacidad para mantener un diálogo constructivo con un Parlamento dominado por el opositor Partido Democrático, lo que ha intensificado las críticas hacia su gestión. Estos factores, han sido determinantes en el estallido de esta crisis. Tras la declaración de la ley marcial, el jefe del ejército, el general Park An-su, emitió un decreto prohibiendo la actividad política y las fiestas, la propaganda falsa, las huelgas y las “congregaciones que inciten a la agitación social”. Los medios de comunicación también quedaron bajo la autoridad de la ley marcial. La primera víctima de esta medida fue el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien presentó su renuncia poco después de que el Partido Democrático registrara ante el Parlamento una moción para destituirlo. Su ministerio confirmó que fue Kim quien aconsejó a Yoon imponer la ley marcial. El Parlamento surcoreano inició ...
    Show more Show less
    15 mins
  • Bolsonaro en el banquillo: un paso decisivo para la democracia

    Bolsonaro en el banquillo: un paso decisivo para la democracia
    Dec 3 2024
    El 8 de enero de 2023, Brasil vivió un intento de golpe de Estado protagonizado por simpatizantes de Jair Bolsonaro. Los manifestantes irrumpieron en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, y se congregaron frente a instalaciones militares en la capital federal, exigiendo un alzamiento militar contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien había asumido el cargo apenas una semana antes. Durante los disturbios, estuvieron a punto de asaltar el Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo, así como el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal (STF). Este episodio reflejó una crisis política que puso a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país. Vale señalar que la situación fue verdaderamente grave, dado que existían vínculos conocidos entre el bolsonarismo y las fuerzas armadas brasileñas, lo que generó el temor de que las fuerzas militares se sumaran al golpe. Sin embargo, finalmente no fue así, y las fuerzas armadas no intervinieron a favor de los manifestantes. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se encuentra en el centro de uno de los procesos judiciales más controvertidos en la historia reciente del país. Acusado de diversos cargos que van desde la difusión de noticias falsas hasta el supuesto manejo negligente de la pandemia de COVID-19, enfrenta un panorama político y judicial que podría marcar un antes y un después para la democracia brasileña. Este enjuiciamiento, más allá de sus implicaciones legales, ha polarizado aún más a una sociedad ya dividida por las políticas de su mandato y la intensa retórica que caracterizó su administración. Entre las acusaciones más graves se encuentra su rol en la difusión de información falsa sobre el sistema electoral brasileño, lo que, según analistas políticos, minó la confianza en las instituciones democráticas. Este tipo de conductas, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2022, ha llevado a muchos a compararlo con otros líderes populistas alrededor del mundo que han cuestionado la legitimidad de los procesos electorales en sus países. Otro aspecto relevante son las acusaciones relacionadas con su manejo de la pandemia de COVID-19. La comisión parlamentaria que investigó su gestión concluyó que Bolsonaro y varios de sus aliados actuaron con negligencia al minimizar la gravedad del virus, retrasar la adquisición de vacunas y promover tratamientos ineficaces. Estas acciones no solo costaron miles de vidas, sino que también podrían acarrear acusaciones por delitos comunes. Las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos han sido voces claves en exigir justicia por lo ocurrido. Además, Bolsonaro enfrenta investigaciones por posibles casos de corrupción y enriquecimiento ilícito durante su gobierno. Los casos de corrupción, combinados con las críticas por su estilo autoritario de gobernar, ha erosionado significativamente su apoyo en algunos sectores de la sociedad. Este contexto hace que su enjuiciamiento sea aún más significativo para la democracia brasileña, un país con una historia reciente de dictaduras y transiciones difíciles hacia la democracia. El juicio de un expresidente siempre representa un desafío para cualquier democracia. En el caso de Brasil, con su complejo pasado de dictadura militar (1964-1985), el proceso contra Bolsonaro tiene un significado especial, y es que para muchos este es un momento crucial para reforzar el estado de derecho y demostrar que nadie está por encima de la ley. Sus simpatizantes ven este proceso judicial como un intento de deslegitimar al movimiento conservador que él lidera, el cual aún goza de considerable apoyo popular. Internacionalmente, el juicio a Bolsonaro ha sido seguido con atención, no solo por su relevancia dentro de Brasil, sino como parte de una tendencia más amplia de rendición de cuentas de líderes populistas. Desde Estados Unidos hasta Europa, el fenómeno del populismo de derecha ha sido marcado por controversias legales y políticas. En este sentido, el desenlace del caso brasileño podría establecer un precedente sobre cómo las democracias pueden lidiar con líderes que erosionan sus propias instituciones, y podría influir en países que enfrentan desafíos similares. Si Bolsonaro es condenado, podría enfrentar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, lo que sería un golpe devastador para sus ambiciones políticas y su capacidad de influir directamente en la política brasileña. Esta condena no solo afectaría su carrera, sino que también enviaría un mensaje contundente sobre la rendición de cuentas de los líderes políticos en Brasil y la región en particular. Además, el juicio podría redefinir el panorama político del país, fomentando un debate nacional sobre la responsabilidad de los líderes populistas en la defensa de las instituciones democráticas. A nivel internacional, el caso podría tener un impacto significativo, ...
    Show more Show less
    13 mins
  • La nueva reforma constitucional nicaragüense: un paso hacia la perpetuidad en el poder

    La nueva reforma constitucional nicaragüense: un paso hacia la perpetuidad en el poder
    Nov 26 2024
    La propuesta de reforma constitucional en Nicaragua, promovida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo y aprobada por 91 diputados el viernes 22 de noviembre de 2024, representa un paso más hacia la consolidación del matrimonio dictatorial que gobierna ese país desde hace 17 años. Es la duodécima enmienda que propone Ortega desde 2007, incluida una que le permitió ser reelegido de forma indefinida en el cargo. La iniciativa de reforma constitucional incluye cambios profundos en la estructura política y administrativa de Nicaragua. Entre los más controvertidos se encuentran la extensión del período presidencial de cinco a seis años y la creación de la figura de «copresidenta», asignada a Rosario Murillo, quien además tendría la autoridad para designar a su propio vicepresidente. Este último cambio busca formalizar el rol que Murillo ya desempeña en la práctica, consolidando su influencia y reforzando la percepción de un gobierno de carácter dinástico. Además, la propuesta contempla una mayor militarización del poder estatal, permitiendo al presidente otorgar al ejército y la policía roles temporales en el Ejecutivo bajo el argumento de «intereses supremos». También permitiría ejercer un mayor control sobre los medios de comunicación mediante restricciones justificadas en la protección frente a intereses extranjeros. Estas medidas, combinadas con la Ley de Ciberdelitos de 2021, refuerzan el aparato de censura y represión estatal. Desde 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una crisis política marcada por protestas masivas, la represión violenta de la oposición, encarcelamientos arbitrarios y el exilio forzado de miles de ciudadanos. Las elecciones generales de 2021, ampliamente criticadas por la comunidad internacional, reforzaron el control de Ortega al eliminar a los principales candidatos opositores mediante detenciones y amenazas. Esta reforma surge en un momento en que el gobierno sandinista enfrenta sanciones internacionales y aislamiento diplomático. Más de 300,000 nicaragüenses han emigrado debido a la crisis política y económica, un fenómeno que debilita aún más la capacidad de la sociedad civil para resistir el autoritarismo. Quizás el argumento más sólido para justificar se encuentra en que la cabeza de la dinastía Ortega enfrenta problemas graves de salud y estaría asegurando, con estos cambios, la perpetuidad de su familia en el poder. Al extender el mandato presidencial y consolidar la figura de Murillo como copresidenta, se refuerza el control absoluto del Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, lo cual debilita aún más la separación de poderes y erosiona la institucionalidad democrática. Es decir, garantizar la permanencia, en el poder, de la familia Ortega-Murillo. El artículo 135 establece que: “Por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro copresidente o copresidenta terminará el período por el que fueron electos”. Como señalé anteriormente, la nueva norma facultaría a los copresidentes a designar a los vicepresidentes, lo que dejaría la puerta abierta a que los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo se conviertan en vicepresidentes. La militarización del gobierno incrementa los riesgos de represión violenta contra cualquier tipo de oposición, lo que generaría mayores violaciones a los derechos humanos. La ampliación del control sobre los medios y las restricciones a la información dificultan la organización de movimientos opositores y perpetúan una narrativa oficialista en la opinión pública. Cualquier parecido con la realidad venezolana es solo coincidencia. Estamos ante otra dictadura constitucional en Latinoamérica. Vale señalar que una dictadura constitucional es un régimen en el que, a pesar de contar con una constitución formal que debería garantizar derechos y libertades, el poder se concentra en una sola persona o un pequeño grupo. Las decisiones se toman sin consulta ni participación de otros actores políticos, y las instituciones democráticas, como el parlamento y el poder judicial, están controladas para mantener el autoritarismo. Esta deformidad del sistema político permite que la constitución pueda ser manipulada para eliminar limitaciones como la reelección y de paso, favorecer al régimen. Aunque se celebran elecciones, no son libres ni justas, y la represión de la oposición, la censura y el uso de la fuerza son comunes. Además, se emplea la propaganda para controlar la narrativa pública, y el régimen puede implementar políticas populistas para mantener el apoyo popular, consolidando así su poder. Estas características permiten a los líderes autoritarios mantener una fachada de legalidad y legitimidad, al mismo tiempo que consolidan su control sobre el país. La comunidad internacional ha expresado en diversas oportunidades su preocupación por la deriva autoritaria del régimen de Ortega-Murillo. Las sanciones económicas y...
    Show more Show less
    13 mins

What listeners say about Para Latinoamérica por Luis Velásquez

Average customer ratings

Reviews - Please select the tabs below to change the source of reviews.

Audible.com reviews

Amazon reviews
No Reviews are Available